Dicen nuestros Abogados delito de tortura en Málaga que no es una acusación muy habitual, pero el hecho cierto es que nos encontramos ante una acusación grave que atenta contra la libertad de las personas.

Cuente con nuestros Abogados de delito de tortura en Málaga para la defensa de su Expediente Penal. Sabremos darle su mejor solución legal.

El artículo 174.1 del Código Penal: «Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral.»

Abogados delito torturas malaga

En el artículo 174.2 del Código Penal se establece que también comete tortura «la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere, respecto de detenidos, internos o presos» el delito del primer apartado.

Este delito exige que el tipo solo pueda realizarse cuando el sujeto obra en el ejercicio de sus funciones o bien aprovecha las facilidades que su cargo le proporciona y la conducta típica consiste en atentar por cualquier medio contra la integridad moral de otra persona.

En el artículo 176 del Código Penal, se considera merecedor de las penas previstas para este delito la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos; se trata de un supuesto de comisión por omisión. La pena prevista es de dos a seis años si es grave y de uno a tres años si no lo es.

Además, señalan nuestros Abogados de delito de tortura en Málaga deberá imponerse la pena de inhabilitación absoluta. Los atentados contra la integridad moral cometidos por la autoridad o funcionario público que no sean susceptibles de integrar el delito de torturas se castigaran, de conformidad con el artículo 175 del Código Penal, con una pena de dos a cuatro años si es grave y de seis meses a dos años si no lo es, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público.

En muchos casos nos encontramos con delito de tortura en relación con el delito de detención ilegal. Le ofrecemos a nuestros mejores Abogados Penalistas para que defiendan sus intereses. Podemos y sabemos ayudarle, estamos a su disposición.