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El artículo 175 del Código Penal establece que la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, atentare contra la integridad moral de una persona, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el atentado fuera grave, y prisión de seis meses a dos años si fuese menos grave. Se impondrá la inhabilitación especial.

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En este artículo se incluyen todos los actos que no son subsumibles en el tipo básico, es decir, aquellos tratos degradantes llevados a cabo por funcionario público pero en los que falta el elemento subjetivo de obtención de información, aplicación de un castigo o motivos discriminatorios.

2.3 Modalidad omisiva común a todos los atentados contra la integridad moral

El art. 176 establece una forma de comisión de este delito en comisión por omisión consistente en que es la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permite que otras personas ejecuten los hechos de atentado contra la integridad moral o tortura.

Esta modalidad se basa en que conste la posibilidad de que el funcionario con su intervención hubiera podido evitar el atentado a la integridad moral.

El artículo 177 del Código Penal viene a afirmar la autonomía del bien jurídico integridad moral admitiendo el concurso entre el delito que pueda lesionarlo y otros delitos que pueden afectar a otros bienes jurídicos, como la vida, la integridad física o la libertad sexual, y que pueden darse al mismo tiempo que el delito contra la integridad moral. El delito de torturas está recogido en el Código Penal en un epígrafe también dedicado a otros delitos contra la integridad moral. De hecho, en primer lugar la ley incide en lo que considera como delito contra la integridad moral, señalando que será aquel que comenta una persona que inflinja a otra un trato degradante, menoscabando su integridad moral. No existe una definición clara de los actos que pueden entrar aquí, y por ello se podrá utilizar para incluir aquellos actos que menoscaben la integridad moral de una persona y no se puedan incluir en otros tipos penales más específicos. En cuanto al delito de torturas, la ley señala que comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y por determinadas razones que explicaré a continuación, somete a otra persona a condiciones o procedimientos que le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. Cuando el atentado a la integridad moral no sea incluible en una cualificación, podrá castigarse conforme a las reglas del concurso a que de lugar con otros delitos. Cuente con los Abogados delito de torturas de la Policía Local de la Firma y quedará satisfecho.

Cuando el delito contra la vida, la integridad física y la salud o la libertad sexual fuere cometido por autoridad o funcionario público, se aplicará al respectivo delito la agravante de prevalimiento del carácter público, salvo que resulte mayor pena apreciando un concurso entre el art. 174 y el delito que corresponda. Cuente con los Abogados delito de torturas de la Policía Local de la Firma y quedará satisfecho.