El principio de legalidad de los delitos y de las penas.

El principio de legalidad es uno de los principios fundamentales del Derecho penal moderno: nullum crimen nulla poena sine previa lege (no hay delito ni pena sin ley previa) y tiene su origen en la Ilustración:

– la primera defensa del principio de legalidad corresponde a Beccaria en su obra “De los delitos y de las penas”
– el principio de legalidad fue introducido en diversas declaraciones de derechos humanos del siglo XVIII, y a lo largo del siglo XIX se fue recogiendo en casi todos los códigos penales europeos y en muchas constituciones

– el principio de legalidad desapareció de los códigos penales soviético y nazi
– la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”
– también recogen el principio de legalidad el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1955, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos
– no obstante, estos convenios internacionales (e incluso la jurisprudencia del TEDH) no exigen la existencia de una ley formal (esto deriva de que en el Derecho anglosajón se admiten expresamente otras posibles fuentes del Derecho penal que no sean la ley formal [p.e. la common law]); por eso se dice que el principio de legalidad internacional:

– no está necesariamente ligado a la existencia de una ley formal
– los textos internacionales han consagrado un “principio de juridicidad” centrado en garantizar los aspectos materiales (no formales) del principio de legalidad (los que contribuyen a la seguridad jurídica, exigiendo la accesibilidad, irretroactividad, y precisión o taxatividad de la norma, y prohibiendo la analogía)

– por otra parte, los textos internacionales contienen una excepción al principio de legalidad: “no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del Derecho reconocidos por las naciones civilizadas”; esta excepción se aplica sobre todo a crímenes de guerra.